Aquí podrá visualizar las últimas noticias relacionadas con el sector funerario
La suspensión temporal y condicionada de la huelga por parte de los forenses del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife es una medida adoptada con la esperanza de avanzar en las negociaciones con la administración de justicia.
La huelga comenzó el pasado 21 de febrero, y ahora se adopta esta decisión que viene motivada por el estancamiento en las conversaciones con el equipo de Gobierno, y refleja la preocupación de los forenses por el impacto negativo que la huelga prolongada podría tener en la ciudadanía.
El comité de huelga, compuesto por representantes de los sindicatos Intersindical, STAJ, CSIF y CCOO, ha establecido varias condiciones para mantener la suspensión de la huelga, es la aprobación de días de descanso obligatorio tras guardias de 24 horas.
Esta es una demanda crítica para garantizar la salud y el bienestar de los forenses, quienes argumentan que las guardias prolongadas sin un descanso adecuado afectan su desempeño y seguridad.
Aportación de documentación probatoria: la administración autonómica de Justicia debe proporcionar la documentación que, según el comité de huelga, se les ha negado hasta el momento. Esta documentación es esencial para validar sus reclamaciones y proceder con las medidas correctivas necesarias.
Depuración de responsabilidades por irregularidades: se requiere que la administración tome medidas para investigar y sancionar las irregularidades denunciadas. Esto es crucial para asegurar la transparencia y la confianza en la gestión del Instituto de Medicina Legal.
Renovación de la dirección del Instituto: el comité de huelga solicita un cambio en la dirección del Instituto de Medicina Legal y que el actual director se abstenga de tomar decisiones en este proceso. Este cambio es visto como necesario para una gestión más eficiente y justa.
El comité ha dejado claro que, si la administración no cumple con estas condiciones en los plazos establecidos, la huelga se reanudará el día hábil siguiente al vencimiento de dichos plazos. Esta estrategia busca presionar a la administración para que actúe con celeridad y resuelva los problemas planteados, evitando así mayores perjuicios tanto para los forenses como para la ciudadanía.
Fuente: VER