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La clausura de los panteones en el Cementerio de Nuestra Señora de Altamira en Miranda de Ebro, provincia de Burgos, ha generado una fuerte controversia. La decisión del Ayuntamiento de cerrar 500 panteones debido a la falta de cumplimiento con la normativa del Servicio de Prevención de Riesgos ha sido duramente criticada por el Partido Popular (PP) y por numerosos ciudadanos afectados.
El PP ha pedido la paralización inmediata de la clausura de estos panteones, argumentando que el decreto emitido por el Ayuntamiento carece de sensibilidad y presenta serias dudas legales. Según la ley, un panteón puede ser clausurado por razones de ruina o salubridad, pero el PP señala que la actual ordenanza de cementerios solo aborda cuestiones de tasas, sin ninguna referencia a mantenimientos u obras de conservación.
El PP también critica la forma en que se ha llevado a cabo esta medida, destacando que no hubo información previa a la oposición, ni negociación, y que la aplicación fue inmediata. Consideran que el Ayuntamiento ha actuado de manera autoritaria y sin dar un plazo razonable para que las familias afectadas realicen las obras necesarias.
Una posible solución propuesta por el PP es permitir la inhumación de cenizas, lo cual no presentaría riesgos para los trabajadores y podría resolver el problema en un 80% de los casos. También cuestionan por qué, si las condiciones eran deficientes desde hace años, se ha emitido ahora un decreto de aplicación inmediata, refiriéndose a un informe de 2018.
En resumen, el PP solicita que se deje sin efecto el decreto de clausura de los panteones y se otorgue un plazo razonable para que las familias realicen las obras de acondicionamiento necesarias, evitando así la privación del uso de los panteones.
Fuente: VER