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El nuevo crematorio en el Tanatorio de la M-40, cumplen con una sentencia del Tribunal Supremo
El Ayuntamiento de Madrid ha concedido licencia de construcción de un horno crematorio en el Tanatorio de la M-40, en el distrito de Usera, Madrid, una decisión que ha generado una gran controversia. Esta autorización se ha dado después de que el Tribunal Supremo, en una sentencia de julio de 2021, ordenara al Consistorio a emitir una nueva resolución, argumentando que la distancia mínima de 250 metros entre el crematorio y otras áreas habitadas no puede ser el único criterio para denegar la licencia.
Según el Tribunal Supremo, con los avances tecnológicos actuales, es posible controlar las emisiones contaminantes de manera efectiva, haciendo que la restricción de la distancia no sea tan necesaria. El nuevo crematorio proyectado por Parcesa Parque de la Paz, nace no exento de controversias.
El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha defendido la decisión del Ayuntamiento, explicando que están obligados a cumplir con la sentencia del Supremo. Asegura que se ha revisado cuidadosamente el proyecto y que la Comunidad de Madrid ha otorgado la autorización ambiental, con estrictos límites de emisiones y especificaciones técnicas que el crematorio debe cumplir. Carabante ha prometido que el Ayuntamiento supervisará que estas condiciones se respeten para garantizar la protección de la salud de los vecinos.
Sin embargo, esta decisión ha sido duramente criticada por los vecinos y los partidos de la oposición. El PSOE y Más Madrid han expresado su preocupación por los posibles riesgos para la salud y el medio ambiente que implica la instalación del crematorio a menos de 250 metros de zonas habitadas. Además, han señalado que esta medida afecta negativamente a uno de los barrios más vulnerables de Madrid, que ya sufre de un presupuesto municipal insuficiente para cubrir otras necesidades esenciales, como la construcción de un instituto que lleva años pendiente.
Este debate refleja las tensiones entre el cumplimiento de las sentencias judiciales y las preocupaciones de las comunidades locales sobre la salud pública y el medio ambiente.
Fuente: VER