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La controversia sobre la construcción del crematorio de la M-40 en el barrio de Usera ha generado un intenso debate entre los miembros del Ayuntamiento de Madrid. Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, ha defendido la postura del gobierno municipal señalando que Madrid «no vive al margen de la ley» y que deben acatar la sentencia del Tribunal Supremo, que favorece al promotor del crematorio, otorgándole el derecho a la licencia para su construcción, a pesar de la reiterada negativa inicial del Ayuntamiento.
Carabante expresó su lamento por la preocupación de los vecinos cercanos al lugar donde se planea construir el crematorio, pero también criticó duramente la oposición del PSOE, acusando a su concejal, Ignacio Benito, de practicar una «política miserable» en el distrito.
El alcalde José Luis Martínez-Almeida respaldó a Carabante mostrando una providencia judicial que exige la ejecución inmediata de la sentencia. Sin embargo, el PSOE, representado por Benito, ha afirmado que la sentencia del Tribunal Supremo no obliga en ningún caso a otorgar la licencia y ha calificado la decisión del Ayuntamiento como un «brutal giro» inexplicable, señalando que la normativa vigente sobre la calidad del aire prohíbe la incineración de cadáveres cerca de viviendas y colegios.
Félix López-Rey, concejal de Más Madrid, también ha criticado la decisión, considerándola como otro agravio hacia los vecinos del sur y el este de Madrid, zonas que, según él, han sido abandonadas institucionalmente por el Ayuntamiento.
En resumen, mientras el gobierno municipal alega que se está cumpliendo con la ley y la sentencia judicial, la oposición y los vecinos ven la concesión de la licencia como un peligro para la salud pública y un ejemplo más de la marginación de ciertas zonas de Madrid.
Fuente: VER